Ferreyra:
el funcionario municipal
vinculado al terrorismo de Estado en Olavarría permanece
en su cargo
Por Ivone
Anahí Martín
Omar Ferreyra, director de Control
Urbano de Olavarría y acusado por su pasado presuntamente
represivo, fue confirmado en el cargo por el Intendente Helios
Eseverri, tras la presentación de un documento firmado
por ex detenidos desaparecidos y la elaboración de un contundente
informe por parte de la Secretaría de Derechos Humanos
Bonaerense que refiere a su actuación en Monte Peloni.
Según el titular de dicha secretaría, Remo Carlotto,
Eseverri es el único gobernante que se negó a remover
a un ex represor de su Gabinete.
El golpe en Olavarría
Cuando en Argentina asumió la Junta Militar encabezada
por el general Videla, el almirante Massera y el brigadier Agosti,
Olavarría no quedó al margen de la política
implementada por el autodenominado “Proceso de Reorganización
Nacional”. El entonces Intendente Municipal Raúl
Pastor fue removido ilegítimamente y se implementó
también aquí, la técnica de desaparición
de personas. Según un documento de la Asamblea Permanente
de Derechos Humanos la nómina de personas asesinadas por
las FFAA cuyos familiares viven en Olavarría sobrepasa
la veintena: Jorge Alvarez, Osvaldo Bartolini, Griselda Betelú
y su compañero, Adolfo Berardi, María Gau de Berardi,
José Boneto, Ana María Mobili de Boneto, Héctor
Cassataro, Alicia Ramírez Abella de Cassataro, Eduardo
Cassataro, Elba de Cassataro, Jorge Fernández, Alfredo
Maccarini, María Eugenia Sanllorenti de Massolo, Carlos
Moreno, Liliana Pachano, José Pareja, María Luisa
Peredo, Elba Pirola, Roberto Rivelli, María Rago, Alberto
Repetur, Rubén Villeres y Graciela Folini.
Las denuncias
Las versiones que incriminan a Omar Ferreyra tomaron estado público
en Enero de 2004, cuando un grupo de ex detenidos-desaparecidos
olavarrienses durante el proceso militar que abarcó hasta
1983 expresó públicamente mediante un documento
su pedido de investigación respecto del pasado “presuntamente
represivo” del director de control urbano municipal, y solicitó
asimismo su separación del cargo al intendente.
Los siete firmantes fueron Juan José Castelucci, Carmelo
Vinci, Carlos Gensón, Eduardo Santellán, Rubén
Sampini, Eduardo Ferrante y Osvaldo Fernández. Previo a
esto, el secretario de Gobierno Héctor Vitale había
reconocido la existencia de sospechas que recaían sobre
el funcionario, cuya designación el 11 de diciembre pasado
recibió duras críticas por parte de organismos defensores
de Derechos Humanos, así como organizaciones sindicales
y políticas. “Nosotros, como ex detenidos políticos
y secuestrados por quienes actuaron en aquella época en
nombre y junto al ejército podemos presumir que Ferreyra
pudo haber sido uno de los integrantes de los grupos de tareas
que actuaron en los centros clandestinos de detención,
como el Monte Peloni en Olavarría y La Huerta en Tandil,
entre otros. Este militar retirado fue visto en el operativo que
se hizo en el Cementerio Municipal para entregar el cuerpo de
Jorge Oscar Fernández, en cajón cerrado, a sus familiares
directos. El ataúd fue entrado al cementerio por una puerta
trasera en una camioneta celeste que también habría
sido usada para secuestrar militantes políticos... Estos
hechos fueron relatados ante la Justicia cuando se reabrió
la investigación sobre el secuestro y asesinato de Jorge
Oscar Fernández. Así como este militar retirado
pudo participar de un operativo tipo comando para entregar el
cuerpo de quien había sido secuestrado de su hogar por
hombres vestidos de civil, ¿Por qué no pensar que
también pudo formar parte de los grupos de tareas que actuaron
en Monte Peloni u otro centro clandestino de detención?”,
indicaron.
Cuando el diario local consultó al actual director de Control
Urbano sobre su actuación en el controvertido Monte Peloni
este manifestó que fuesen a buscar una respuesta al Regimiento:
“Sobre esa época no quiero hablar absolutamente nada
porque ya es mi vida pasada”, añadió. Una
respuesta que podría incriminarlo por el hecho de no salir
a defenderse ante las graves acusaciones si verdaderamente no
tuvo participación alguna.
Las víctimas y los reclamos
Algunas de las víctimas que en Monte Peloni estuvieron
detenidos en la segunda mitad de 1977 fueron Jorge Oscar Fernández,
luego asesinado por el ejército y cuyo cuerpo se entregó
en cajón cerrado a familiares, y Alfredo Maccarini, que
permanece como desaparecido. “A ambos los vimos con vida,
compartimos el cautiverio, los escuchamos gritar”, aseveraron
quienes hoy peticionan con razón, debido a que son muchas
las sospechas que envuelven a Ferreyra. Por tanto, solicitaron
ante Helios Eseverri una investigación para que el mismo
funcionario explique su grado de involucramiento en el operativo
del Cementerio Municipal, especifique su función en Monte
Peloni u otro centro clandestino de detención durante esa
época. “Le pedimos, como damnificados directos del
terrorismo de Estado en Olavarría y la zona, que se separe
a Omar Ferreyra de su actual función de la Dirección
de control Urbano y que no ocupe ningún cargo público
hasta tanto no aclare su situación respecto de las gravísimas
violaciones a los derechos humanos que se cometieron en la zona
durante la dictadura militar”, concluye la presentación
que recibieron tanto el Departamento Ejecutivo comunal como la
Secretaría de DDHH de la Nación y la Provincia,
partidos políticos locales y legisladores.
Hubo además del reclamo de los ex detenidos otros tres:
uno por parte del bloque de concejales del Justicialismo, para
que se informe si fehacientemente se trata de un represor, otro
en el cual la Asociación Permanente por los Derechos Humanos(APDH)
requirió al Ejercito Argentino información detallada
acerca de qué servicios y actividades cumplía el
ex militar, sin dejar de lado el inicio de sumario administrativo
para que se separe del cargo a Ferreyra, y un expediente posterior
elevado al Concejo Deliberante en el que el bloque del Partido
Intransigente pide una separación preventiva, figura prevista
en la Ley Orgánica de los Municipios como en los estatutos
de personal municipal. Y Eseverri, que no deja de ser noticia
por su postura frente a temas sumamente delicados como éste,
subrayó rápidamente que “no se fusila sin
sentencia”. Declaró haberse comunicado con el ministro
del interior Aníbal Fernández, quien habría
coincidido en no castigar a alguien sin pruebas, ante lo cual
el intendente le habría manifestado que “un torturador
de cualquier laya que sea jamás se va a quedar”.
Este es un hombre que hace cuatro o cinco años se retiró
del ejército y ha trabajado desde entonces como colaborador
en entidades de bien público, como la Fundación
del Hospital, situación que le permite extrañarse
de que todo esto surja precisamente cuando asume un cargo público,
con la sensación de que ciertos grupos que se oponen al
gobierno realizan estas denuncias.
El reclamo a nivel provincial y nacional
El departamento Ejecutivo Municipal remitió entonces las
actuaciones al secretario de Derechos Humanos de la Nación
Eduardo Luis Duhalde mientras todo continuaba dilatándose,
aunque ya una carta había sido entregada en manos del presidente
Néstor Kirchner en su visita a Olavarría por parte
de la APDH y de los propios ex detenidos-desaparecidos. Por otra
parte, pese a que el secretario de gobierno Héctor Vitale
sentenció que bajo ningún punto de vista estaría
junto a represores cumpliendo funciones en un gobierno democrático,
el director de Control de Tránsito no nada desmintió
acerca de su actividad en el centro clandestino de tortura.
La Provincia tomó intervención en el mes de febrero,
cuando el Secretario de Derechos Humanos Remo Carlotto, hijo de
la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, pidió al Jefe
Comunal que separe preventivamente a Omar “Pájaro”
Ferreyra de la Dirección de Control Urbano, tras sostener
que “es una actitud ética que se debe tomar ante
la menor sospecha”. Según su opinión, no significa
un juicio previo sino respeto por quienes han padecido hechos
dramáticos durante la dictadura militar. “El gobierno
nacional ha separado inmediatamente a cualquier funcionario que
hubiese estado involucrado”, enfatizó. Carlotto expresó
que una vez reunidos los testimonios que pudieran sumarse a los
ya presentados por los ex detenidos políticos, la CTA y
la APDH todo se elevaría ante la Conadep a fin de que su
nombre quede en los registros, y a la Secretaría de DDHH
de la Nación para corroborar la existencia de elementos
suficientes que establezcan su vínculo con la represión.
Observó que estarían dadas las condiciones para
reactivar causas vinculadas a violaciones a los DDHH durante la
última dictadura y dijo al respecto que era un “elemento
suficiente que el Cuerpo Legislativo haya anulado las leyes de
Punto Final y Obediencia Debida”.
Omar Ferreyra está sospechado de haber participado de los
grupos de tareas que en la madrugada del 16 de septiembre de 1977
secuestraron de sus hogares a una veintena de militantes políticos,
a quienes se condujo vendados y esposados a una comisaría
de Las Flores. Diez días más tarde estos fueron
trasladados a Monte Peloni, un predio bajo jurisdicción
de las FFAA en la zona de Sierras Bayas. Las voces y escasos detalles
registrados le permitieron a los secuestrados reconocer el lugar
ante la Conadep cuando lo visitaron con la comisión, creada
por el gobierno de Alfonsín. “El gobierno municipal
quiere pruebas, y las víctimas de la represión le
presentaron algunas. No se puede exigir pruebas concluyentes al
modo con que se las reúne en un proceso actual, con las
instituciones en pleno funcionamiento... ¿cuál es
el vínculo que existe entre Omar Pájaro Ferreyra
y el grupo que arrancó de su casa a Fernández para
después asesinarlo... Este hecho fue relatado ante la Justicia
y en la Conadep aparece un represor local denunciado bajo el apodo
de Pájaro. Estos son elementos que podrían ser pruebas.
La brecha que queda entre ellas y las que exige el gobierno municipal
sólo puede ser salvada por la ética”, afirma
una nota publicada en El Popular el 15 de febrero. Así,
entre los indicios que comprometen a Ferreyra se sumó un
ex conscripto que le adjudica haber estado ubicado dentro del
área de inteligencia del Ejército. No son pocos
quienes están convencidos de que tuvo una participación
directa, ya que incluso posee una voz idéntica a uno de
los individuos que golpeaban y picaneaban a jóvenes olavarrienses.
La defensa del Intendente
No obstante, a horas de la llegada de Carlotto a Olavarría
el intendente defendió por primera vez a Ferreyra y calificó
su gestión en Control Urbano como “excelente”.
Si bien prefirió no inmiscuirse en el pasado del funcionario
y sí dejar todo en manos de la secretaría de DDHH
ratificó que no lo separará preventivamente. Es
más, dijo no haberse arrepentido de nombrarlo en el cargo.
Remo Carlotto recordó que “es exclusiva atribución
del intendente el sostenimiento o remoción de su funcionario”.
Más allá de sanciones sociales, casos como el de
Omar Ferreyra que aporten documentos contundentes podrían
enmarcarse en las megacausas que están reabriéndose
por las atrocidades cometidas hace más de 25 años.
“Estamos conviviendo con los responsables de todo ese horror”,
estimó sin dejar de mencionar que “desde la función
que yo cumplo, tengo la obligación de actuar con mesura
para contar con los elementos que acrediten esta situación.
Lo que hicimos fue una recomendación. Por ahora, lo que
puede haber es una condena de orden social y creo que, cuando
tengamos todos los elementos sobre el rol de esta persona, va
a ser de orden institucional. Entonces, no importa si se da desde
el Ejecutivo Municipal, la Secretaría de DDHH de la Provincia
o desde el marco de la Justicia”.
Carlotto explicó que por los años transcurridos
el grueso de los datos por recabar tenía que ver con pruebas
testimoniales, vivencias de los detenidos que serían evaluados
para confeccionar un informe que llegara al Intendente, y luego
se plantearía a quienes hicieron la presentación
si quieren presentarse como querellantes o si lo quiere hacer
una ONG. El 20 de Febrero, tras el encuentro entre Eseverri y
Carlotto, Héctor Vitale quien oficiara de vocero del Intendente
comentó lo que este había prometido al secretario
de DDHH: “Le dijo que no va a durar un minuto en el gabinete
nadie que haya participado de los delitos que se denuncian”.
Vitale confirmó también que el funcionario cuestionado
había puesto a disposición de Eseverri su renuncia,
pero le fue negada .
El viernes 27 de febrero llegó a manos del Intendente el
informe que involucraba seriamente a Ferreyra, aún parte
de su gabinete, con el terrorismo de Estado, a partir de pruebas
testimoniales y un entrecruzamiento de datos de la Conadep con
otros actuales. Del libro “Nunca Más” elaborado
en 1984 surgen crudas testificaciones, y una de las víctimas
que ya no reside en la ciudad corroboró la existencia de
un represor con el apodo de Pájaro.
Pero nada fue suficiente ante la obstinación del Ejecutivo,
que tres días y medio después de la entrega del
informe declaró no haber leído el documento, qué
sólo habría pasado por las manos del presidente
del Concejo Deliberante Julio Alem. Éste reiteró
que la salida del director de tránsito “es lo mejor
para todos”, al tiempo que el secretario de Gobierno, subsecretario
de Comunicación y cultura, el senador José Eseverri
y la presidenta del bloque de la UCR extrañamente no habían
tenido acceso a los datos provinciales. En medio del hermetismo,
Eseverri no recibió siquiera a quien viajó desde
La Plata con el informe que recomendaba “encarecidamente”
la separación del cargo ya que “aparece con escasísimo
margen de duda la participación activa de Omar Ferreyra
en los grupos de tareas, y si este margen de duda de mantiene,
es precisamente por las características de clandestinidad
que tuvo la actuación de las Fuerzas Armadas en la represión
ilegal”.
El repudio de los diputados
Un grupo de diputados nacionales repudió conceptos de Eseverri
y según fuertes trascendidos jamás llegó
a la secretaría de DDHH de la nación la documentación
que el Ejecutivo Municipal dijo haber enviado. Los concejales
olavarrienses, por su parte, insistieron en que Ferreyra debía
ser echado sin más: algunos calificaron el informe de 11
páginas con crueles testimonios de detenidos desaparecidos
como “lapidario”.
Tampoco diez días fueron suficientes para que Eseverri
diera el brazo a torcer y removiera a su funcionario, seguía
dudando y esperando pruebas que no iban a llegar porque no existe
otro elemento que el testimonial para señalar a los represores.
Carlotto salió a declarar a la agencia Infocielo que “el
informe presentado es suficientemente contundente: hay muchas
coincidencias”. De todas maneras no se hicieron esperar
las amenazas, y la presidenta de la filial local de la APDH, Rosa
Iguerategui, recibió un mensaje armado sobre páginas
de diario de tono intimidatorio: “Tachi asesinada”.
El mensaje llevaba la firma de un “Comando olavarriense
del Orden Social”.
El 9 de marzo fue la fecha en que Helios Eseverri decidió
conservar en el cargo a un hombre sindicado como ex represor,
y como consecuencia inmediata renunció su secretario de
gobierno y mano derecha, Héctor Vitale. La decisión
no aceptaba objeciones, pese a no recibir el apoyo de sus funcionarios
más cercanos. Posteriormente envió a la Secretaría
de DDHH una respuesta al informe provincial: “Hasta su designación
el señor Ferreyra era un vecino más sobre el cual
no pesaban inculpaciones algunas por su actuación como
suboficial de carrera de las FFAA. Nadie había hablado
durante más de 20 años... Es norma en mi gobierno
no tolerar funcionarios corruptos, ni torturadores ni represores.
En toda mi vida he defendido la preeminencia de las libertades
públicas y de los derechos individuales. Por ello siempre
he estado en la otra vereda de todos los totalitarismos. En esos
regímenes el ciudadano pierde de inmediato su derecho a
la inocencia y el estado represor asume la potestad de condenar
sin pruebas y sin defensa alguna. Esto se agrava más en
esta sociedad mediática en la que vivimos, donde se ha
generalizado el perverso sistema que convierte toda denuncia en
una sentencia”.
El texto del Intendente continúa: “Separar del cargo
como quiere el movimiento acusatorio, es condenar por sospechas
y sin defensa en juicio a una persona que vivió en paz
durante esos 20 años... Parece interpretarse que la sola
separación de las funciones libera de culpas y cargo al
inculpado, conclusión que sería desacreditante para
toda la petición. Proceder así sería volver
a utilizar el empleo público como instrumento de persecución
política... Es claro que el camino más llano para
este Intendente es separar del cargo al cuestionado, a quien por
otra parte, no lo une ni amistad personal, ni vinculación
política. Pero, proceder de esta manera, es convertir al
suscripto en una especie de Poncio Pilatos... Usted (por Remo
Carlotto) dice textualmente que las pruebas testimoniales colectadas
seguramente no serían suficientes para establecer que Omar
Ferreyra haya sido autor material del delito de tortura o que
haya tenido un puesto de relevancia para ordenar que este aberrante
delito se cometiera, si las pruebas son insuficientes y sobre
ellas construimos un sistema de sospechas atropellando las certezas,
¿no estamos poniendo en marcha esa caza de brujas?... Entiendo
que usted debiera pedirle probanzas concretas al grupo acusatorio,
para seguir considerando esa petición.”, concluye
la carta, intentando revertir sobre el Secretario de DDHH bonaerense
el discurso antidictatorial.
Carlotto puso en evidencia que Eseverri tiene un enfoque muy equivocado
sobre la función del informe provincial y que su decisión
“atenta contra el sistema democrático”. Sostuvo
que es imposible “exigir pruebas a quienes estuvieron amordazados
y encapuchados” y que impulsarán que se abra una
causa ante la Justicia Federal que desnude todo el aparato represivo
que se desplegó en la zona durante la dictadura. A su entender,
el informe no significa una condena a un inocente, y disintió
en otro aspecto: “si esta persona convivió pacíficamente
en la comunidad es porque hubo impunidad”. Finalmente explicó
que no se trata de una caza de brujas sino del modo correcto de
cómo deben funcionar las instituciones. En una nueva visita
a Olavarría confirmó que Eseverri es el único
gobernante que se negó a remover a un ex represor de su
Gabinete. El objetivo del informe era expresar a los olavarrienses
con quién están conviviendo. Ahora, la APDH y la
CTA, junto con sus pares de Azul y Tandil, desean avanzar en la
denuncia penal par investigar a fondo la brigada de Las Flores,
La Huerta y Monte Peloni.
El periodista Osvaldo Fernández, hermano del asesinado
Jorge Fernández, afirmó tras los dichos del intendente,
que “no es verdad que no se lo haya mencionado durante 20
años”. De no haber sido por las Leyes de Punto Final
y Obediencia Debida Ferreyra debía haber respondido ante
la justicia por la acción en que Ferreyra entregó
el cuerpo sin vida de su hermano. “Esto mismo lo vengo manifestando
incansablemente, desde hace casi una década, en mi programa
de radio y en cuanta emisora estuve”, recalcó.
El reclamo en el aniversario del golpe
Todo esto se enmarca en una fecha más que significativa,
por lo que es imprescindible destacar que un centenar de personas
pobló las calles céntricas de la ciudad para conmemorar
los 28 años del golpe de 1976 y en defensa por los derechos
humanos, en una de las jornadas más intensas y numerosas
que conozca Olavarría. Hubo una reunión testimonial
en el Concejo Deliberante, la plaza se arropó con las siluetas
y fotografías de los desaparecidos, y la marcha que concluyó
frente a la casa del Director de Control Urbano, donde se produjo
el primer escrache realizado en Olavarría.
La memoria tuvo su lugar en el recinto, donde hablaron la presidenta
de la APDH local, el asesor de la Secretaría de DDHH Enrique
Pochat, y Osvaldo Fernández, Rosana Cassataro, Ana Julia
Bonetto y Juan Weiz, familiares de desaparecidos. Posteriormente,
una bandera argentina encabezó la marcha, y en cierto momento
los dirigentes dejaron en “libertad de conciencia”
a quienes no estuvieran de acuerdo en realizar el escrache, que
incluía la suelta de un pájaro verde, pues para
algunos esto pondría en peligro el éxito de la jornada.
La vecindad mostró un apoyo incondicional a Ferreyra, y
hubo cierto grado de violencia con cuatro o cinco manifestantes.
Sin embargo, la protesta terminó pacíficamente,
con la escultura del pájaro en su jaula colgada fuera del
Palacio Belgrano, donde se desempeña el funcionario. Para
la mañana siguiente, la realización artística
había desaparecido. No así la lucha por la memoria,
que continúa en Olavarría.
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