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Ferreyra: el funcionario municipal
vinculado al terrorismo de Estado en Olavarría permanece en su cargo

Por Ivone Anahí Martín

Omar Ferreyra, director de Control Urbano de Olavarría y acusado por su pasado presuntamente represivo, fue confirmado en el cargo por el Intendente Helios Eseverri, tras la presentación de un documento firmado por ex detenidos desaparecidos y la elaboración de un contundente informe por parte de la Secretaría de Derechos Humanos Bonaerense que refiere a su actuación en Monte Peloni. Según el titular de dicha secretaría, Remo Carlotto, Eseverri es el único gobernante que se negó a remover a un ex represor de su Gabinete.


El golpe en Olavarría

Cuando en Argentina asumió la Junta Militar encabezada por el general Videla, el almirante Massera y el brigadier Agosti, Olavarría no quedó al margen de la política implementada por el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”. El entonces Intendente Municipal Raúl Pastor fue removido ilegítimamente y se implementó también aquí, la técnica de desaparición de personas. Según un documento de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos la nómina de personas asesinadas por las FFAA cuyos familiares viven en Olavarría sobrepasa la veintena: Jorge Alvarez, Osvaldo Bartolini, Griselda Betelú y su compañero, Adolfo Berardi, María Gau de Berardi, José Boneto, Ana María Mobili de Boneto, Héctor Cassataro, Alicia Ramírez Abella de Cassataro, Eduardo Cassataro, Elba de Cassataro, Jorge Fernández, Alfredo Maccarini, María Eugenia Sanllorenti de Massolo, Carlos Moreno, Liliana Pachano, José Pareja, María Luisa Peredo, Elba Pirola, Roberto Rivelli, María Rago, Alberto Repetur, Rubén Villeres y Graciela Folini.

Las denuncias
Las versiones que incriminan a Omar Ferreyra tomaron estado público en Enero de 2004, cuando un grupo de ex detenidos-desaparecidos olavarrienses durante el proceso militar que abarcó hasta 1983 expresó públicamente mediante un documento su pedido de investigación respecto del pasado “presuntamente represivo” del director de control urbano municipal, y solicitó asimismo su separación del cargo al intendente.

Los siete firmantes fueron Juan José Castelucci, Carmelo Vinci, Carlos Gensón, Eduardo Santellán, Rubén Sampini, Eduardo Ferrante y Osvaldo Fernández. Previo a esto, el secretario de Gobierno Héctor Vitale había reconocido la existencia de sospechas que recaían sobre el funcionario, cuya designación el 11 de diciembre pasado recibió duras críticas por parte de organismos defensores de Derechos Humanos, así como organizaciones sindicales y políticas. “Nosotros, como ex detenidos políticos y secuestrados por quienes actuaron en aquella época en nombre y junto al ejército podemos presumir que Ferreyra pudo haber sido uno de los integrantes de los grupos de tareas que actuaron en los centros clandestinos de detención, como el Monte Peloni en Olavarría y La Huerta en Tandil, entre otros. Este militar retirado fue visto en el operativo que se hizo en el Cementerio Municipal para entregar el cuerpo de Jorge Oscar Fernández, en cajón cerrado, a sus familiares directos. El ataúd fue entrado al cementerio por una puerta trasera en una camioneta celeste que también habría sido usada para secuestrar militantes políticos... Estos hechos fueron relatados ante la Justicia cuando se reabrió la investigación sobre el secuestro y asesinato de Jorge Oscar Fernández. Así como este militar retirado pudo participar de un operativo tipo comando para entregar el cuerpo de quien había sido secuestrado de su hogar por hombres vestidos de civil, ¿Por qué no pensar que también pudo formar parte de los grupos de tareas que actuaron en Monte Peloni u otro centro clandestino de detención?”, indicaron.

Cuando el diario local consultó al actual director de Control Urbano sobre su actuación en el controvertido Monte Peloni este manifestó que fuesen a buscar una respuesta al Regimiento: “Sobre esa época no quiero hablar absolutamente nada porque ya es mi vida pasada”, añadió. Una respuesta que podría incriminarlo por el hecho de no salir a defenderse ante las graves acusaciones si verdaderamente no tuvo participación alguna.


Las víctimas y los reclamos

Algunas de las víctimas que en Monte Peloni estuvieron detenidos en la segunda mitad de 1977 fueron Jorge Oscar Fernández, luego asesinado por el ejército y cuyo cuerpo se entregó en cajón cerrado a familiares, y Alfredo Maccarini, que permanece como desaparecido. “A ambos los vimos con vida, compartimos el cautiverio, los escuchamos gritar”, aseveraron quienes hoy peticionan con razón, debido a que son muchas las sospechas que envuelven a Ferreyra. Por tanto, solicitaron ante Helios Eseverri una investigación para que el mismo funcionario explique su grado de involucramiento en el operativo del Cementerio Municipal, especifique su función en Monte Peloni u otro centro clandestino de detención durante esa época. “Le pedimos, como damnificados directos del terrorismo de Estado en Olavarría y la zona, que se separe a Omar Ferreyra de su actual función de la Dirección de control Urbano y que no ocupe ningún cargo público hasta tanto no aclare su situación respecto de las gravísimas violaciones a los derechos humanos que se cometieron en la zona durante la dictadura militar”, concluye la presentación que recibieron tanto el Departamento Ejecutivo comunal como la Secretaría de DDHH de la Nación y la Provincia, partidos políticos locales y legisladores.

Hubo además del reclamo de los ex detenidos otros tres: uno por parte del bloque de concejales del Justicialismo, para que se informe si fehacientemente se trata de un represor, otro en el cual la Asociación Permanente por los Derechos Humanos(APDH) requirió al Ejercito Argentino información detallada acerca de qué servicios y actividades cumplía el ex militar, sin dejar de lado el inicio de sumario administrativo para que se separe del cargo a Ferreyra, y un expediente posterior elevado al Concejo Deliberante en el que el bloque del Partido Intransigente pide una separación preventiva, figura prevista en la Ley Orgánica de los Municipios como en los estatutos de personal municipal. Y Eseverri, que no deja de ser noticia por su postura frente a temas sumamente delicados como éste, subrayó rápidamente que “no se fusila sin sentencia”. Declaró haberse comunicado con el ministro del interior Aníbal Fernández, quien habría coincidido en no castigar a alguien sin pruebas, ante lo cual el intendente le habría manifestado que “un torturador de cualquier laya que sea jamás se va a quedar”. Este es un hombre que hace cuatro o cinco años se retiró del ejército y ha trabajado desde entonces como colaborador en entidades de bien público, como la Fundación del Hospital, situación que le permite extrañarse de que todo esto surja precisamente cuando asume un cargo público, con la sensación de que ciertos grupos que se oponen al gobierno realizan estas denuncias.


El reclamo a nivel provincial y nacional

El departamento Ejecutivo Municipal remitió entonces las actuaciones al secretario de Derechos Humanos de la Nación Eduardo Luis Duhalde mientras todo continuaba dilatándose, aunque ya una carta había sido entregada en manos del presidente Néstor Kirchner en su visita a Olavarría por parte de la APDH y de los propios ex detenidos-desaparecidos. Por otra parte, pese a que el secretario de gobierno Héctor Vitale sentenció que bajo ningún punto de vista estaría junto a represores cumpliendo funciones en un gobierno democrático, el director de Control de Tránsito no nada desmintió acerca de su actividad en el centro clandestino de tortura.

La Provincia tomó intervención en el mes de febrero, cuando el Secretario de Derechos Humanos Remo Carlotto, hijo de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, pidió al Jefe Comunal que separe preventivamente a Omar “Pájaro” Ferreyra de la Dirección de Control Urbano, tras sostener que “es una actitud ética que se debe tomar ante la menor sospecha”. Según su opinión, no significa un juicio previo sino respeto por quienes han padecido hechos dramáticos durante la dictadura militar. “El gobierno nacional ha separado inmediatamente a cualquier funcionario que hubiese estado involucrado”, enfatizó. Carlotto expresó que una vez reunidos los testimonios que pudieran sumarse a los ya presentados por los ex detenidos políticos, la CTA y la APDH todo se elevaría ante la Conadep a fin de que su nombre quede en los registros, y a la Secretaría de DDHH de la Nación para corroborar la existencia de elementos suficientes que establezcan su vínculo con la represión. Observó que estarían dadas las condiciones para reactivar causas vinculadas a violaciones a los DDHH durante la última dictadura y dijo al respecto que era un “elemento suficiente que el Cuerpo Legislativo haya anulado las leyes de Punto Final y Obediencia Debida”.

Omar Ferreyra está sospechado de haber participado de los grupos de tareas que en la madrugada del 16 de septiembre de 1977 secuestraron de sus hogares a una veintena de militantes políticos, a quienes se condujo vendados y esposados a una comisaría de Las Flores. Diez días más tarde estos fueron trasladados a Monte Peloni, un predio bajo jurisdicción de las FFAA en la zona de Sierras Bayas. Las voces y escasos detalles registrados le permitieron a los secuestrados reconocer el lugar ante la Conadep cuando lo visitaron con la comisión, creada por el gobierno de Alfonsín. “El gobierno municipal quiere pruebas, y las víctimas de la represión le presentaron algunas. No se puede exigir pruebas concluyentes al modo con que se las reúne en un proceso actual, con las instituciones en pleno funcionamiento... ¿cuál es el vínculo que existe entre Omar Pájaro Ferreyra y el grupo que arrancó de su casa a Fernández para después asesinarlo... Este hecho fue relatado ante la Justicia y en la Conadep aparece un represor local denunciado bajo el apodo de Pájaro. Estos son elementos que podrían ser pruebas. La brecha que queda entre ellas y las que exige el gobierno municipal sólo puede ser salvada por la ética”, afirma una nota publicada en El Popular el 15 de febrero. Así, entre los indicios que comprometen a Ferreyra se sumó un ex conscripto que le adjudica haber estado ubicado dentro del área de inteligencia del Ejército. No son pocos quienes están convencidos de que tuvo una participación directa, ya que incluso posee una voz idéntica a uno de los individuos que golpeaban y picaneaban a jóvenes olavarrienses.


La defensa del Intendente

No obstante, a horas de la llegada de Carlotto a Olavarría el intendente defendió por primera vez a Ferreyra y calificó su gestión en Control Urbano como “excelente”. Si bien prefirió no inmiscuirse en el pasado del funcionario y sí dejar todo en manos de la secretaría de DDHH ratificó que no lo separará preventivamente. Es más, dijo no haberse arrepentido de nombrarlo en el cargo. Remo Carlotto recordó que “es exclusiva atribución del intendente el sostenimiento o remoción de su funcionario”. Más allá de sanciones sociales, casos como el de Omar Ferreyra que aporten documentos contundentes podrían enmarcarse en las megacausas que están reabriéndose por las atrocidades cometidas hace más de 25 años. “Estamos conviviendo con los responsables de todo ese horror”, estimó sin dejar de mencionar que “desde la función que yo cumplo, tengo la obligación de actuar con mesura para contar con los elementos que acrediten esta situación. Lo que hicimos fue una recomendación. Por ahora, lo que puede haber es una condena de orden social y creo que, cuando tengamos todos los elementos sobre el rol de esta persona, va a ser de orden institucional. Entonces, no importa si se da desde el Ejecutivo Municipal, la Secretaría de DDHH de la Provincia o desde el marco de la Justicia”.
Carlotto explicó que por los años transcurridos el grueso de los datos por recabar tenía que ver con pruebas testimoniales, vivencias de los detenidos que serían evaluados para confeccionar un informe que llegara al Intendente, y luego se plantearía a quienes hicieron la presentación si quieren presentarse como querellantes o si lo quiere hacer una ONG. El 20 de Febrero, tras el encuentro entre Eseverri y Carlotto, Héctor Vitale quien oficiara de vocero del Intendente comentó lo que este había prometido al secretario de DDHH: “Le dijo que no va a durar un minuto en el gabinete nadie que haya participado de los delitos que se denuncian”. Vitale confirmó también que el funcionario cuestionado había puesto a disposición de Eseverri su renuncia, pero le fue negada .

El viernes 27 de febrero llegó a manos del Intendente el informe que involucraba seriamente a Ferreyra, aún parte de su gabinete, con el terrorismo de Estado, a partir de pruebas testimoniales y un entrecruzamiento de datos de la Conadep con otros actuales. Del libro “Nunca Más” elaborado en 1984 surgen crudas testificaciones, y una de las víctimas que ya no reside en la ciudad corroboró la existencia de un represor con el apodo de Pájaro.

Pero nada fue suficiente ante la obstinación del Ejecutivo, que tres días y medio después de la entrega del informe declaró no haber leído el documento, qué sólo habría pasado por las manos del presidente del Concejo Deliberante Julio Alem. Éste reiteró que la salida del director de tránsito “es lo mejor para todos”, al tiempo que el secretario de Gobierno, subsecretario de Comunicación y cultura, el senador José Eseverri y la presidenta del bloque de la UCR extrañamente no habían tenido acceso a los datos provinciales. En medio del hermetismo, Eseverri no recibió siquiera a quien viajó desde La Plata con el informe que recomendaba “encarecidamente” la separación del cargo ya que “aparece con escasísimo margen de duda la participación activa de Omar Ferreyra en los grupos de tareas, y si este margen de duda de mantiene, es precisamente por las características de clandestinidad que tuvo la actuación de las Fuerzas Armadas en la represión ilegal”.


El repudio de los diputados

Un grupo de diputados nacionales repudió conceptos de Eseverri y según fuertes trascendidos jamás llegó a la secretaría de DDHH de la nación la documentación que el Ejecutivo Municipal dijo haber enviado. Los concejales olavarrienses, por su parte, insistieron en que Ferreyra debía ser echado sin más: algunos calificaron el informe de 11 páginas con crueles testimonios de detenidos desaparecidos como “lapidario”.

Tampoco diez días fueron suficientes para que Eseverri diera el brazo a torcer y removiera a su funcionario, seguía dudando y esperando pruebas que no iban a llegar porque no existe otro elemento que el testimonial para señalar a los represores. Carlotto salió a declarar a la agencia Infocielo que “el informe presentado es suficientemente contundente: hay muchas coincidencias”. De todas maneras no se hicieron esperar las amenazas, y la presidenta de la filial local de la APDH, Rosa Iguerategui, recibió un mensaje armado sobre páginas de diario de tono intimidatorio: “Tachi asesinada”. El mensaje llevaba la firma de un “Comando olavarriense del Orden Social”.

El 9 de marzo fue la fecha en que Helios Eseverri decidió conservar en el cargo a un hombre sindicado como ex represor, y como consecuencia inmediata renunció su secretario de gobierno y mano derecha, Héctor Vitale. La decisión no aceptaba objeciones, pese a no recibir el apoyo de sus funcionarios más cercanos. Posteriormente envió a la Secretaría de DDHH una respuesta al informe provincial: “Hasta su designación el señor Ferreyra era un vecino más sobre el cual no pesaban inculpaciones algunas por su actuación como suboficial de carrera de las FFAA. Nadie había hablado durante más de 20 años... Es norma en mi gobierno no tolerar funcionarios corruptos, ni torturadores ni represores. En toda mi vida he defendido la preeminencia de las libertades públicas y de los derechos individuales. Por ello siempre he estado en la otra vereda de todos los totalitarismos. En esos regímenes el ciudadano pierde de inmediato su derecho a la inocencia y el estado represor asume la potestad de condenar sin pruebas y sin defensa alguna. Esto se agrava más en esta sociedad mediática en la que vivimos, donde se ha generalizado el perverso sistema que convierte toda denuncia en una sentencia”.

El texto del Intendente continúa: “Separar del cargo como quiere el movimiento acusatorio, es condenar por sospechas y sin defensa en juicio a una persona que vivió en paz durante esos 20 años... Parece interpretarse que la sola separación de las funciones libera de culpas y cargo al inculpado, conclusión que sería desacreditante para toda la petición. Proceder así sería volver a utilizar el empleo público como instrumento de persecución política... Es claro que el camino más llano para este Intendente es separar del cargo al cuestionado, a quien por otra parte, no lo une ni amistad personal, ni vinculación política. Pero, proceder de esta manera, es convertir al suscripto en una especie de Poncio Pilatos... Usted (por Remo Carlotto) dice textualmente que las pruebas testimoniales colectadas seguramente no serían suficientes para establecer que Omar Ferreyra haya sido autor material del delito de tortura o que haya tenido un puesto de relevancia para ordenar que este aberrante delito se cometiera, si las pruebas son insuficientes y sobre ellas construimos un sistema de sospechas atropellando las certezas, ¿no estamos poniendo en marcha esa caza de brujas?... Entiendo que usted debiera pedirle probanzas concretas al grupo acusatorio, para seguir considerando esa petición.”, concluye la carta, intentando revertir sobre el Secretario de DDHH bonaerense el discurso antidictatorial.

Carlotto puso en evidencia que Eseverri tiene un enfoque muy equivocado sobre la función del informe provincial y que su decisión “atenta contra el sistema democrático”. Sostuvo que es imposible “exigir pruebas a quienes estuvieron amordazados y encapuchados” y que impulsarán que se abra una causa ante la Justicia Federal que desnude todo el aparato represivo que se desplegó en la zona durante la dictadura. A su entender, el informe no significa una condena a un inocente, y disintió en otro aspecto: “si esta persona convivió pacíficamente en la comunidad es porque hubo impunidad”. Finalmente explicó que no se trata de una caza de brujas sino del modo correcto de cómo deben funcionar las instituciones. En una nueva visita a Olavarría confirmó que Eseverri es el único gobernante que se negó a remover a un ex represor de su Gabinete. El objetivo del informe era expresar a los olavarrienses con quién están conviviendo. Ahora, la APDH y la CTA, junto con sus pares de Azul y Tandil, desean avanzar en la denuncia penal par investigar a fondo la brigada de Las Flores, La Huerta y Monte Peloni.

El periodista Osvaldo Fernández, hermano del asesinado Jorge Fernández, afirmó tras los dichos del intendente, que “no es verdad que no se lo haya mencionado durante 20 años”. De no haber sido por las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida Ferreyra debía haber respondido ante la justicia por la acción en que Ferreyra entregó el cuerpo sin vida de su hermano. “Esto mismo lo vengo manifestando incansablemente, desde hace casi una década, en mi programa de radio y en cuanta emisora estuve”, recalcó.


El reclamo en el aniversario del golpe

Todo esto se enmarca en una fecha más que significativa, por lo que es imprescindible destacar que un centenar de personas pobló las calles céntricas de la ciudad para conmemorar los 28 años del golpe de 1976 y en defensa por los derechos humanos, en una de las jornadas más intensas y numerosas que conozca Olavarría. Hubo una reunión testimonial en el Concejo Deliberante, la plaza se arropó con las siluetas y fotografías de los desaparecidos, y la marcha que concluyó frente a la casa del Director de Control Urbano, donde se produjo el primer escrache realizado en Olavarría.

La memoria tuvo su lugar en el recinto, donde hablaron la presidenta de la APDH local, el asesor de la Secretaría de DDHH Enrique Pochat, y Osvaldo Fernández, Rosana Cassataro, Ana Julia Bonetto y Juan Weiz, familiares de desaparecidos. Posteriormente, una bandera argentina encabezó la marcha, y en cierto momento los dirigentes dejaron en “libertad de conciencia” a quienes no estuvieran de acuerdo en realizar el escrache, que incluía la suelta de un pájaro verde, pues para algunos esto pondría en peligro el éxito de la jornada.

La vecindad mostró un apoyo incondicional a Ferreyra, y hubo cierto grado de violencia con cuatro o cinco manifestantes. Sin embargo, la protesta terminó pacíficamente, con la escultura del pájaro en su jaula colgada fuera del Palacio Belgrano, donde se desempeña el funcionario. Para la mañana siguiente, la realización artística había desaparecido. No así la lucha por la memoria, que continúa en Olavarría.